Jueves, 29 mar (RV).- El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana reunido ayer en Roma advierte en una nota que la «legalización de las uniones de hecho es inaceptable en el plano de principio, y peligrosa en el plano social y educativo». En el informe, relativo a la familia fundada en el matrimonio y a iniciativas legislativas en materia de uniones de hecho», los prelados aclararan que políticos y legisladores católicos deben comprometerse en la defensa de la familia «fundada en el matrimonio entre hombre y mujer» y que tienen el «deber moral de expresar clara y públicamente el desacuerdo y votar en contra de proyectos de ley» favorables al «reconocimiento legal de las uniones homosexuales».

«No tenemos intereses políticos», dicen los obispos italianos pero «sentimos el deber de aportar nuestra contribución al bien común», y «estamos convencidos, junto a muchísimos otros, también no creyentes, del valor que representa la familia para el crecimiento de las personas y de toda la sociedad». Pero «un problema aún más grave» -alerta la nota- «estaría representado por la legalización de las uniones de personas del mismo sexo, porque en este caso se negaría la diferencia sexual, que es insuperable». En este contexto, recuerda el episcopado que «el Derecho no existe con el fin de dar forma jurídica a cualquier tipo de convivencia o de proporcionar reconocimientos ideológicos: tiene en cambio el fin de garantizar respuestas públicas a exigencias sociales que van más allá de la dimensión privada de la existencia».

En cuanto a la actitud de políticos y legisladores católicos, los prelados recuerdan la reciente Exhortación apostólica post-sinodal “Sacramentum Caritatis”, en la que se subraya la responsabilidad de «presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana», en los que se comprende «la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer». La nota del Consejo Permanente de la CEI concluye con un llamamiento «a la conciencia de todos, en particular a cuantos tiene la responsabilidad de legislar, a fin de que se interroguen sobre las elecciones coherentes que hay que adoptar y sobre las consecuencias futuras de sus decisiones».